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La característica común de nuestras autoridades y funcionarios públicos, es creerse dueños de las instituciones donde prestan servicio público, lo que explica su negativa de permitir el libre acceso a la información, eludiendo sistemáticamente responder y/o proveer los documentos públicos, a los medios de comunicación o a la ciudadanía sobre sus decisiones que repercuten positiva o negativamente en la vida de los ciudadanos.

Este síndrome de suplantatitis (el verdadero dueño de las instituciones públicas es el pueblo), parece haberlo afectado a nuestro alcalde Luis Castañeda, que argumentando ser victima de la “guerra sucia” se negó a participar en el primer debate Municipal, donde si participaron 10 candidatos que postulan a la alcaldía de Lima.
Al respecto debemos aclarar que el alcalde argumenta “guerra sucia” y “cargamontón”, cuando es invitado a debatir; pero cuando el es el que invita (a los mismos candidatos que según él lo difaman y no tienen programa que ofrecer), imponiendo fecha, lugar y hasta modelador no teme a la guerra sucia ni al cargamontón”, ¿nos esta tomando el pelo? Se preguntan los vecinos de Lima.

Sin embargo, la ciudadanía que siempre ha censurado la soberbia de los políticos, en esta oportunidad, también ha reaccionado negativamente a la decisión del alcalde, lo que ha empezado a reflejarse en las encuestas, en la cual ha descendido 20 puntos, si consideramos que llego a contar hasta 80 por ciento de aprobación en los últimos meses y en la encuesta realizada previa al debate por Apoyo, sólo lo favorecen el 63 por ciento en la intención de voto y el 68 por ciento esta en desacuerdo con la negativa del alcalde Castañeda a asistir al debate; lo que hace suponer, que seguirá bajando por su insistente negativa de informar o aclarar las denuncias a su gestión, como los fracasos en el tema del transporte, contaminación ambiental y seguridad ciudadana.

Con relación a las denuncias de la semaforización y revisiones técnicas solo se limita a informar que están en litigio, hecho que todos sabemos, lo que quiere la ciudadanía es, porque suscribió esos contratos sabiendo que existían problemas desde su origen y que fueron denunciados oportunamente, perjudicado a la ciudad, al entramparse la solución a unas de las causas del caos vehicular, contaminación ambiental y de los accidentes de tránsito.

Sobre la seguridad ciudadana, también elude su responsabilidad y su compromiso de lo ofrecido en su campaña del 2002, argumentando que en el centro de Lima se puede pasear con tranquilidad y que el no puede mandar a la policía nacional; olvidándose, que él es alcalde de la provincia de Lima y que así como coordino con los alcaldes distritales para hacer escaleras, igual puede coordinar por la seguridad; y así como coordina y manda a la policía para perseguir a los vehículos , igual debe hacerlo para perseguir a la delincuencia que ha invadido los diversos distritos al no poder seguir operando en el centro de Lima.

Estos hechos, nos demuestran que los vacíos que existen siempre en las leyes, son aprovechadas por las autoridades para informar lo que les conviene y no lo que necesitan saber los ciudadanos, para tomar una buena decisión al momento de aprobar o desaprobar a una autoridad. Esperamos que se pueda legislar la obligatoriedad de todas las autoridades y funcionarios a presentar la información en blanco y negro cuando sea requerida por los ciudadanos, así como la asistencia a los debates oportunos, a los que deben asistir los futuros candidatos, para que expongan sus planes de gobiernos o aclaren denuncias, para que no piensen que nos están haciendo un favor.